Leyes verdes en el papel, grises en la práctica
Por: July García, docente de gestión ambiental del Politécnico Grancolombiano
Hablar de legislación ambiental en Colombia es hablar de un país que ha hecho la tarea en el papel. La cantidad de normas, decretos y regulaciones es tan amplia que en 2015 se consolidó en un único documento: el Decreto 1076, que recopila gran parte de la normativa ambiental vigente. Desde entonces, se han seguido generando lineamientos en temas como manejo de residuos y cambio climático, lo que muestra que el país tiene músculo normativo en esta materia. Sin embargo, la gran pregunta es si tanta producción legislativa se traduce en resultados reales y visibles para la ciudadanía y los ecosistemas de valor en Colombia.
El primer desafío que enfrenta Colombia no es crear más normas, sino aplicar las que ya existen. Tener un marco normativo robusto es importante, pero si las autoridades carecen de recursos para vigilar, controlar y sancionar, las normas se quedan en letra muerta. Más que seguir sumando decretos, se necesita fortalecer la capacidad institucional, formar equipos técnicos con herramientas modernas y garantizar que los procesos de seguimiento sean eficaces. De lo contrario, la normativa será un edificio imponente, pero vacío en su interior.
Otro reto evidente es revisar qué normas deben actualizarse de acuerdo con las nuevas realidades económicas, sociales y ambientales. El contexto climático global cambia rápido, y con él, los compromisos internacionales de Colombia. Seguir hablando con marcos normativos desfasados puede frenar proyectos de sostenibilidad, inversiones responsables e incluso acuerdos multilaterales.
La legislación ambiental no puede ser estática, necesita dinamismo y capacidad de adaptación. Esto implica no solo actualizar leyes existentes, sino también fortalecer las instituciones encargadas de aplicarlas y generar procesos participativos que incluyan a comunidades, empresas y academia. Sin una regulación moderna, flexible y coherente con las metas globales, el país corre el riesgo de perder competitividad, frenar la innovación y limitar su capacidad de responder a las emergencias ambientales que ya estamos viviendo.
Para el sector legal, aplicar las normas ambientales no siempre es sencillo. Muchas son generales, ambiguas o no han sido actualizadas, lo que abre espacios de interpretación y genera inseguridad jurídica. Esto se vuelve más complejo en proyectos especiales que requieren trámites como la consulta previa cuando existe la presencia de comunidades étnicas en las áreas de influencia del proyecto. Aunque la consulta previa es un derecho fundamental, la falta de una regulación clara hace que sean principalmente las sentencias de la Corte Constitucional las que definan los parámetros caso por caso. Esta situación genera incertidumbre tanto para los empresarios, que no saben con certeza cómo cumplir los requisitos, como para las comunidades, que sienten que las reglas cambian según la coyuntura.
La construcción de confianza entre el Estado, las empresas y las comunidades depende de tener un marco normativo claro, coherente y aplicable. Cuando la normativa es difusa o se apoya únicamente en jurisprudencia cambiante, se generan tensiones innecesarias. Colombia tiene la oportunidad de revisar con seriedad estos vacíos, regular de manera más precisa mecanismos como la consulta previa y brindar a todas las partes la certeza de que las reglas del juego son estables y transparentes. Colombia cuenta con una base sólida en materia de legislación ambiental, pero no puede conformarse con acumular normas. El verdadero reto es hacerlas efectivas, fortalecer las instituciones que deben aplicarlas y ajustarlas a la realidad de un país que quiere ser competitivo sin dejar de lado la sostenibilidad. Al final, lo que importa no es cuántas páginas tiene el marco regulatorio, sino qué tan capaces somos de traducir esas palabras en acciones que protejan la vida, los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.
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