Alerta por incremento del 150 % en la tarifa de retención a comercializadoras

La viabilidad del sector comercializador y exportador de oro en Colombia, así como los empleos de miles de trabajadores que participan en la cadena de valor de la minería formal, estarían en riesgo si se concreta el proyecto de Decreto del Gobierno que aumenta las tarifas de autorretención y bases mínimas para practicar retención en la fuente en el país.

El Gobierno Nacional propone, con un alto desconocimiento de esta actividad y sus impactos, que las compras de oro pasen de una tarifa de retención del 1 % al 2,5 %, lo que representa un aumento del 150 %. Adicionalmente, se propone una tasa de autorretención para la extracción de oro y otros metales preciosos del 4,5 %, lo cual representa un total del 7 % por estos dos conceptos.

“Rechazamos un incremento injustificado y desproporcionado que desconoce la realidad de la actividad comercializadora de oro, poniendo en riesgo la viabilidad de una actividad que permite, a través de procesos transparentes, generar divisas y facilitar la exportación del mineral producido por pequeños mineros, así como por medianas y grandes empresas dedicadas a esta actividad”, manifestó César Díaz Guerrero, vocero de las principales comercializadoras internacionales de oro del país.

El proyecto de Decreto incentivaría la minería ilegal e informal, ya que impacta directamente la liquidez de las empresas mineras formales, las cuales tendrían que destinar hasta el 7 % de su caja en retenciones fiscales. Se trata de una carga muy compleja para las finanzas de cualquier industria y que, en la práctica, no solo pone en riesgo la sostenibilidad de las empresas, sino que representaría un incentivo a la informalidad.

Además, el impacto sería aún más crítico al considerar que muchas comercializadoras tendrían que acudir al sector financiero para sostener sus operaciones. Sin embargo, esto es completamente inviable, dado que los márgenes actuales del sector son inferiores al 1,5 % y no permiten absorber costos financieros adicionales. Es decir, no existe capacidad para asumir ningún tipo de incremento sin comprometer la rentabilidad y sostenibilidad del negocio. Esto implicaría un riesgo inminente de desfinanciamiento de la cadena legal de comercialización del oro.

“Se afectan las comercializadoras internacionales que han sido un gran aliado del Gobierno Nacional en procesos de formalización y en la búsqueda de mejores condiciones para los pequeños mineros. Se trata de un sector generador de divisas, enmarcado en procesos con trazabilidad y transparencia, en alianza con entidades financieras. Medidas como esta promueven aún más la alta informalidad que existe en el sector”, anotó Díaz Guerrero.

El impacto también recaería sobre los pequeños y medianos mineros que ejercen su actividad dentro de la legalidad, pues el modelo de retención propuesto resulta doblemente gravoso: deben asumir una retención al vender a las comercializadoras y, a la vez, ejecutar una autorretención al momento de facturar. Este doble gravamen desincentiva el cumplimiento normativo y hace económicamente inviable mantenerse dentro del marco legal, favoreciendo mecanismos informales o clandestinos de comercialización.

Impacto en la inversión y regalías

Las exportaciones de oro, que en 2024 superaron los USD 3.000 millones, representan un renglón clave para la economía nacional. Además de aportar a un sector intensivo en mano de obra, estas exportaciones contribuyen al desarrollo local y generan importantes ingresos por regalías. Se estima que cerca del 50 % de estas exportaciones se realizan a través de comercializadoras internacionales.

“Existe un gran desconocimiento de esta industria. Los márgenes de operación son muy bajos; las comercializadoras operan con márgenes cercanos al 1,5 %. Una retención del 2,5 % haría inviables muchas operaciones. Esta es una medida desproporcionada, que afecta los canales formales de comercialización y, por ende, también la economía nacional a través de la disminución de regalías, divisas y otros aportes del oro legal”, manifestó el representante de comercializadoras internacionales.

Ante este panorama, las comercializadoras —que compran a los explotadores mineros autorizados en el RUCOM (Registro Único de Comercializadores de Minerales) y comercializan en el exterior— estarían en condiciones desiguales frente a otros actores del mercado. Estas empresas cumplen un rol central en la cadena formal del oro en Colombia han destinado cuantiosos recursos para fortalecer sus sistemas que garantizan la trazabilidad del material y así demostrar un alto grado de transparencia ante los entes de control.

“Consideramos que una política fiscal no debe l impactar y hacer insostenibles sectores estratégicos para el país. Desde hace años, Colombia ha venido promoviendo políticas de formalización, en las que las comercializadoras son un aliado clave. Medidas de alto impacto, como esta, atentan contra un sector legalmente constituido que garantiza regalías, empleos formales, buenas prácticas ambientales y un mejor aprovechamiento de los recursos naturales del país”, concluyó Díaz Guerrero.

La industria espera que el Gobierno Nacional abra espacios de diálogo para conocer y evaluar los altos impactos que esta medida tendría sobre un sector comprometido con la legalidad y la transparencia.